Un mes después de las capturas de los líderes sociales en el sur de Bolívar, las organizaciones acompañantes gestionaron ante el gobierno nacional, una visita de verificación, con el propósito de recibir las denuncias directamente de las comunidades, frente a las violaciones de Derechos Humanos, que se presentaron en el marco de las capturas. La comisión de verificación estuvo compuesta por parte del gobierno nacional por un representante de la Fiscalía, el ministerio del interior y la unidad nacional de protección, los tres funcionarios en compañía de la Comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Credhos y brigadas internacionales de Paz, se reunieron con los familiares de los capturados en el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales Bolívar.

Las comunidades denunciaron los atropellos por parte de la fuerza pública, específicamente de la policía judicial, quienes ingresaron a varias viviendas sin mostrar las órdenes de allanamiento y destruyendo los enseres de las viviendas, así mismo en esos operativos la comunidad denunció la pérdida de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor como computadores, dichos objetos y dineros no fueron registrados en actas, por lo que hasta el momento nadie responde por las pertenencias. En este corregimiento denunciaron como a una pareja que capturaron, la sacaron de su vivienda en ropa interior debido a que los operativos se realizaron en horas de la madrugada, no les permitieron vestirse, por lo que fueron paseados por las calles del pueblo en ropa íntima, mostrando un trato indigno, claramente violando sus derechos humanos.

En la segunda jornada programada para la vereda Casa de Barro, del municipio de Norosí, los funcionarios del gobierno nacional, abandonaron la misión de verificación, aduciendo falta de garantías de seguridad para el desplazamiento, según información que les dio el ejército nacional, de esta manera los habitantes de la vereda se quedaron a la espera de los funcionarios, por su parte las organizaciones acompañantes (Credhos, PDPMM, Cisbcsc, y brigadas internacionales de paz), llegaron hasta la vereda en compañía del Alcalde y personero de Norosí, donde se encontraban más de 60 campesinos, a quienes se les explicó el porqué no llegaron los funcionarios del gobierno nacional. “Es paradójico como el ejército no garantiza la seguridad a funcionarios que van a recibir denuncias precisamente de los abusos de la fuerza pública”, manifestó uno de los líderes de la zona. A pesar de la ausencia del estado, las comunidades en esta vereda denunciaron también, como en el desarrollo de las capturas y allanamientos, no se presentaron las órdenes correspondientes, de igual manera denunciaron la pérdida de dinero, joyas y el daño de varios de sus enseres.

La tercera y última jornada se cumplió en el municipio de Arenal Bolívar, allí sí estuvieron presentes los delegados del gobierno nacional, escuchando la narración de los hechos por parte de los afectados y recibiendo de igual manera denuncias de los abusos de autoridad, malos procedimientos en las capturas, intimidaciones y daños en enseres, en este municipio se presentaron pérdidas de joyas, dinero en efectivo y una alcancía con monedas de una de las viviendas.

Dentro de los compromisos por parte de los funcionarios del gobierno nacional, está redactar un informe con todas las denuncias y cursarle copia a las instancias pertinentes, para que se inicie las investigaciones del caso y de esta manera sean encontrados los responsables de las pérdidas de los objetos de valor y el dinero, así mismo las denuncias frente a las inconsistencias en los procedimientos de las capturas, sean dadas a conocer al juez encargado de los mismos y se anexen a los expedientes.

Barrancabermeja, abril de 2017

En el marco del convenio suscrito entre INTERCOLOMBIA filial de ISA y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cuyo objetivo es fortalecer a la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias rurales de los municipios de San Vicente de Chucurí, Betulia y Barrancabermeja, el 25 de marzo en Tienda Nueva, el 1 y el 5 de abril en La Fortuna y la Unidad de Desarrollo Comunitario, se dieron a conocer en cada uno de estos municipios los principales resultados del proceso que ya completa año y medio y el cual ha presentado.

Estos escenarios de socialización contaron con la participación 28 líderes de organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal y asociaciones gremiales) y funcionarios de entidades públicas y privadas Alcaldías de Betulia, Barrancabermeja, Centro de Estudios Regionales y Diócesis de Barrancabermeja). En estas jornadas se presentaron los resultados del convenio en lo que tiene que ver con escenarios de concertación con empresas públicas e iniciativas sociales y productivas.

Dentro de los resultados más destacados, se resalta: 1) el fortalecimiento de la economía productiva campesina con cultivos de cítricos y cacao con 40 familias en las veredas La Cascajera y Patio Bonito en Barrancabermeja, La Lizama II, Las margaritas y Pozo Nutrias en San Vicente de Chucuri y los sectores del Puente, Golondrinas y Aguamieluda en Betulia, esta iniciativa sumó recursos públicos y privados, generó mil doscientos jornales y transferencia de tecnológica, 2) La construcción de una ruta social y jurídica con 57 familias que ocupación del corredor vial y que están en proceso de negociación con las Concesionarias “Ruta del Sol” y “Ruta del Cacao”, 3) Implementación de una unidad pedagógica de piscicultura en la Playa en alianza con el SENA, La Alcaldía de Betulia, la Fundación para el Desarrollo de la Piscicultura – FUNDAPAIN, que permite la formación de 35 técnicos de las veredas aledañas, 4) Mercado campesino en la Fortuna que integra los productores de la zona baja de San Vicente de Chucuri, Sabana de Torres y Barrancabermeja.

Otro aspecto importante de la jornada, fue la presentación de la fase 2 del convenio, el cual tendrá una duración de dos años y permitirá fortalecer las iniciativas de la fase 1 y un plan de capacitación en temas administrativo, contable, financiero, elaboración, gestión y ejecución de proyectos productivos con las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones y otros entes) y  estructurar  y puesta en funcionamiento de cinco fondos rotatorios con capital semilla con igual número de organizaciones.

Barrancabermeja, Abril 21 de 2017.

Por Mario Zamudio Palma Publicado abril 6, 2017 En Conflicto, Construcción de Paz

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El balance es negro: desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, en Colombia ha sido asesinado cada cuatro días un miembro de un movimiento político o social. En total, hasta hoy, la cuenta de líderes muertos va en 29. Estas primeras víctimas del posconflicto son hombres y mujeres que trabajan en asociaciones campesinas, cabildos indígenas, sindicatos comunitarios o universidades; activistas políticos o sociales que serán, en últimas, los que legitimen la apuesta del gobierno por hacer cumplir el acuerdo de paz. Cauca, Antioquia, Meta, Putumayo, Cesar, Córdoba y Valle son los departamentos donde se ha concentrado la violencia contra los líderes sociales. Pero esta ha llegado incluso a ciudades como Medellín o Bogotá. Por eso, más de cincuenta representantes de la sociedad civil decidieron enviarle una carta al presidente Santos, al Fiscal General y al vicepresidente Óscar Naranjo. Entre los firmantes están escritores, profesores universitarios, artistas, activistas por la paz, fotógrafos, defensores de derechos humanos, políticos y académicos. Lo hicieron por que están preocupados “por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales”, según dice el documento. El texto afirma que persisten “patrones de violencia” en las regiones donde el posconflicto llegará con más fuerza, y que esos patrones hacen parte de una cadena de “disputas territoriales, rentas o formas de hacer política”. Según los firmantes, “al amparo de discursos de odio y de una rampante corrupción, actúan grupos que estigmatizan a los líderes sociales que se oponen a sus intereses y defienden las comunidades, recursos, y territorios”.

“Al servicio de un complejo narco-paramilitar actúan grupos armados ilegales y agentes de violencia que, entre muchas de sus acciones, vienen atacando los liderazgos sociales comprometidos con la paz, la defensa de los derechos humanos y con la reconstrucción del tejido social y comunitario”, continúa la carta. Conscientes de esa violencia, que miembros del Estado han insistido en que no es sistemática pero que las víctimas le achacan a grupos sucesores del paramilitarismo, señalan que “el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de ese liderazgo, no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución”. Frente al debate sobre la sistematicidad de los crímenes, las personas que apoyaron la redacción de esta carta afirman que “el mapa de asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes en las regiones y de ataques a organizaciones sociales, muestra la realidad y dimensión de la crítica situación y la necesidad de respuestas efectivas de prevención, protección e investigación”.

Al asesinato de líderes sociales se suman, de acuerdo con la carta, las detenciones “arbitrarias” contra “personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos”. El texto se refiere específicamente a lo sucedido a finales de marzo en el sur de Bolívar, donde fueron capturados una docena de líderes sociales, acusados de pertenecer a redes de apoyo del ELN en esa zona del país. Frente a este hecho, los firmanes señalan que “lo que está en juego no es solamente la presunción de inocencia de unas personas, ni su derecho al ejercicio de la protesta social sino, además, la posibilidad real de la construcción de paz”.

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