Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante las autoridades judiciales y la opinión pública nacional e internacional, la inminente situación de crisis humanitaria de la comunidad de El Guayabo, frente a la orden judicial de desalojo por parte del juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander.

La comunidad campesina de El Guayabo está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 25 años ejercen el derecho de posesión sobre los predios Altamira y San Felipe. Son campesinos y campesinas trabajadoras, que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentos para la región. Sin embargo, desde hace unos 15 años, y con mayor intensidad en los últimos 5 años, él señor Rodrigo López Henao ha realizado diversas acciones, algunas jurídicas y otras violentas e ilegales, para desplazarlos y despojarlos de sus territorios.

Hace aproximadamente cuatro meses se logró frenar tres intentos de desalojo que se tenían previstos. Sin embargo, nuevamente la comunidad se encuentra en riesgo de perder sus tierras en esta ocasión.

La manera como se ha intentado sacar de sus tierras a los campesinos del Guayabo ha estado llena de irregularidades. La Agencia Nacional de Tierras ha presentado tutelas solicitando ser integrada al proceso que se está llevando a cabo sobre estos terrenos ya que varios de los que se piensan adjudicar son baldíos de la nación y podrían ser utilizados para reparar a los campesinos del Guayabo que son víctimas del conflicto en vez de eso están en riesgo de quedar en manos de un particular.

Es alarmante la situación de esta comunidad frente a la falta de garantías e imparcialidad con la que han actuado las autoridades locales. Autoridades estatales del departamento de Santander, particularmente en el  municipio de Puerto Wilches,  ha vulnerado de manera flagrante los derechos fundamentales y el acceso igualitario a la justicia, pues en este caso ha sido evidente el favorecimiento hacia el señor Rodrigo López Henao, quien reclama la propiedad de las tierras que nunca ha poseído ni trabajado.

Por esta razón, con esta orden judicial de desalojo se materializa una acción sistemática de desplazamiento forzado, que re victimiza a familias campesinas, que históricamente se han visto afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

ANTECEDENTES

Desde mediados de los años ‘80, alrededor de 60 familias campesinas sin tierra, se asentaron en las riberas del río Magdalena próximas al centro poblado de El Guayabo. Motivadas por la necesidad de sustento diario y el estado de abandono en el que se encontraban las tierras los campesinos comenzaron a trabajar dichas tierras para su propio sustento.

En el 2002, el señor Rodrigo López Henao, quien afirma ser el propietario de estas tierras, empieza a realizar acciones jurídicas y otras violentas e ilegales, para forzar la comunidad a desplazarse de los predios. López Henao afirma ser víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla, hecho que la Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, excluyéndole del Registro Único de Víctimas en el año 2016.

Luego de más de 25 años trabajando las tierras, la comunidad inicia en 2009 un proceso de pertenencia sobre los predios de San Felipe y Altamira. Desde entonces, la comunidad ha resistido los más diversos ataques, intimidaciones y desalojos. “Tenemos el valor moral y espiritual que nos da esa resistencia”, reflexiona Dimas Ospina, líder campesino de la comunidad.

Los miembros de la comunidad se enfrentan,  además,  a una evidente criminalización de su proceso de organización popular y de sus líderes y lideresas, quienes son objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, fue recientemente encarcelado y dejado en libertad mientras avanza la demanda. (Leer más en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6628-en-el-guayabo-

120-familias-le-temen-a-desalojos-y-a-a menazas).

Campesinos y campesinas de El Guayabo son reconocidas como víctimas del conflicto y están amparadas por la Ley de Víctimas. Los hechos que se relatan a continuación van en contravía a la naturaleza de la Ley de Víctimas, en cuanto la restitución de tierra será en beneficio de quienes fueron despojados de ellas en primer lugar, a las víctimas del conflicto armado y a las familias campesinas sin tierras.

5. El proceso de participación ciudadana no puede seguir dándose en medio de las agresiones a los líderes sociales y las comunidades. Las comunidades tenemos derecho a las garantías para ejercer los mecanismos de participación ciudadana y no ser violentados por eso, la protesta social para la reivindicación de derechos es legítima.

6. El poder y la acción de la palabra se valida en la participación. Creemos que esta se puede hacer concreta al visibilizar cada uno de los ejercicios que en el territorio vienen haciendo los campesinos, los mineros, los obreros, las mujeres, los jóvenes, la iglesia y miembros del movimiento   LGBTI. Proponemos puntos     de agenda y propuestas articuladas como en el ejercicio que hoy nos convoca. Es por eso que nos atrevemos a decir que en el Magdalena Medio seguiremos navegando la PAZ territorial.

7. Exigimos al gobierno nacional que se negocie con el pueblo el sistema económico del país para el fortaleciendo del desarrollo humano sostenible y la economía campesina, así mantener la soberanía alimentaria del campo colombiano, conservando sus tradiciones de cultivo. Crear ciclos académicos enfocados a la agricultura que mejoren sus técnicas sin afectar el medio ambiente.

8. Desarrollar procesos de formación y sensibilización en los diferentes niveles educativos que conlleven a los jóvenes a participar en los diálogos para la paz.

9. Reconocer al campesino como un sujeto político de derecho en la ciudadanía.

10. Demandamos como víctimas del conflicto armado en lo que nos han convertido los que se confrontan con las armas. Hemos estado en medio de este fuego cruzado por defender el derecho a estar en el territorio. Particularmente, al Gobierno y al ELN, no parar en el esfuerzo de llegar a buen término las negociaciones que se adelantan en Ecuador. Todo como una muestra real de voluntad política para aportar al ejercicio de PAZ y de quienes siembran vida en los territorios.

En Barrancabermeja y la región Magdalena Medio somos constructores de Paz y por esto decimos que estamos dispuestos (as) a participar en este proceso en un ejercicio que metodológicamente respete nuestras dinámicas, vincule a los territorios y se escuchen nuestras Voces.

“La Paz es el Goce Efectivo de los Derechos Humanos”

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