El corregimiento Puerto Matilde del municipio de Yondó Antioquia, fue el escenario dónde funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente socializaron el Programa del Gobierno Nacional “Bosques de Paz”, caracterizado por cuatro componentes:  Educación Ambiental, Restauración y preservación sostenible del ecosistema, proceso productivo comunitario y construcción de un bosque de paz, como monumento vivo a la memoria de las víctimas del conflicto armado, características que se cumplen en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra. Bosques de Paz fue reglamentado con la resolución 470 de 2017.

En la región del Magdalena Medio es ampliamente conocido La denominada “Línea Amarilla”, es un acuerdo comunitario de conservación que han implementado las comunidades campesinas ubicadas en el Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar (San Pablo, Cantagallo, Remedios y Segovia), acordaron delimitar la frontera agrícola en donde la colonización tuvo su límite, en promedio son 60 mil hectáreas en las cuales los campesinos se comprometieron a no intervenirlas, no explotarlas, no extraer la madera, ni practicar minería, ni habitarlo; crearon un parque natural de hecho, al Sur de la Serranía de San Lucas, se denomina línea amarilla porque los árboles que delimitan los bosques protegidos, fueron pintados de amarillo. 

Franco Hernán Gómez, coordinador técnico de la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra e investigador de enlace de la Zona de Reserva Campesina, explicó que este parque natural es el último refugio de conservación de muchas especies en vía de extinción o en riesgo crítico de conservación, como el caso de primates, osos, mamíferos, especies vegetales en vía de extinción, “esa reserva natural de 60 mil hectáreas se convierte en un tesoro de biodiversidad donde las comunidades han querido ratificar y buscarle un blindaje jurídico y administrativo para que no sólo quede en un acuerdo comunitario de hecho en la región, sino que se reconozca y este reglamentado por la ley Colombiana” y el programa Bosques de Paz, es una oportunidad para esto.

El corregimiento Puerto Matilde es escenario de un monumento vivo a la Paz, se trata de un sendero sembrado de árboles como homenaje a las víctimas del conflicto armado, cada uno de los árboles lleva una placa con el nombre de las víctimas y fueron plantados por sus familias en un acto simbólico de memoria, evidenciando con esto que no los olvidarán jamás.

El programa Bosques de Paz, plantea la construcción de un monumento a la memoria, del cual hace parte la siembra de árboles, y construir un espacio físico en donde las comunidades puedan encontrarse y continuar con sus dinámicas sociales.

Cómo acto simbólico de la socialización del programa Bosques de Paz fue plantado un árbol por las organizaciones acompañantes del proceso.

Para el mes de noviembre se espera que sea el lanzamiento oficial del programa Bosques de Paz en el Valle del rio Cimitarra, ubicado en el corregimiento Puerto Matilde.

Los campesinos y campesinas de ASOCAB y las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, los nuevos hechos de hostigamiento y agresión por parte de la empresa Aportes San Isidro S.A.S, que generan nuevas afectaciones a los Derechos Fundamentales de los campesinos desplazados de la “Hacienda Las Pavas”.
 

Antecedentes:
 

1. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) ha sido sujeto del reconocimiento de sus derechos fundamentales por diferentes entidades administrativas y judiciales del Estado colombiano: se ha reconocido su calidad de víctimas del conflicto armado, se ha reconocido la condición de baldíos a los predios que explotaban antes de su desplazamiento forzado en el 2003, y se ha adelantado una investigación penal que ha llevado a la captura de un grupo importante de los responsables de dicho desplazamiento.
    

2. A pesar de la existencia de estas decisiones en firme proferidas por los más altos órganos judiciales y administrativos, la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S desconoce sistemáticamente lo ordenado por el estado colombiano. Esta empresa ha vuelto una costumbre que, cada vez que el Estado resuelve una situación jurídica a favor de los campesinos, intensifica sus amenazas y hostigamientos en el territorio.

Así, por ejemplo, en el mes de enero tras una resolución de acusación proferida por la Fiscalía General de la Nación por el delito de desplazamiento forzado, y cuando dicho documento todavía era reserva del sumario, la empresa publicó apartes de dicha resolución que contenían nombres de los campesinos denunciantes, en un acto claramente amenazante en contra de la comunidad.
 

Hechos:
 

1. En esta oportunidad, la decisión favorable a los campesinos consistió en un auto del 25 de agosto del presente año, en el que el Consejo de Estado declaró que está en firme y vigente la decisión del Estado Colombiano de extinguir el dominio que la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. tenía sobre los predios de la “Hacienda Las Pavas”. El alto órgano judicial declaró que dichos predios son en la actualidad baldíos de la nación y están siendo indebidamente ocupados por la empresa en mención.
    

2. La empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S habiendo sido notificada de dicha decisión y conociendo el deber de no explotar más dichos predios, emprendió un nuevo acto de desconocimiento del ordenamiento jurídico colombiano, entrando el 8 de septiembre a un predio de la Hacienda Las Pavas, con un cuerpo de aproximadamente 20 hombres para hacer una nueva siembra de palma de aceite.
    

3. Esta expansión ilegal del cultivo de palma se adelantó sobre el predio al cual había retornado, recientemente, Filomena Alvear (miembro de ASOCAB) junto con su núcleo familiar, en ejercicio de los derechos que le ha reconocido el estado colombiano.
    

4. La actuación de la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. (quien además pretende reanudar la siembra de palma el día de hoy 11 de septiembre), pone una vez más en evidencia que cada vez que hay una decisión del estado colombiano desfavorable a los intereses de la misma, ésta responde con hostigamientos graves y directos que atentan contra los derechos fundamentales de la comunidad de campesinos de ASOCAB.

Solicitamos:
 

1. A la alcaldía del Municipio de El Peñón que en ejercicio de la resolución 022 del 30 de enero de 2017, desaloje a la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S de los predios de la Hacienda Las Pavas
2. A la Policía Nacional que se tomen las medidas policivas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB)
3. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y a la Gobernación del Bolívar, que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental al retorno en condiciones de seguridad de los miembros de ASOCAB.  
4. A la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a las que haya lugar en contra de la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S por la continuación del delito de desplazamiento forzado y fraude a resolución judicial o administrativa de policía
5. A la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de estado acate la orden 5 del auto del 28 de agosto: “EXHORTAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –ANT– para que en ejecución de sus competencias de administración de baldíos revertidos a la Nación, adopte las medidas correspondientes para evitar la realización de actos de explotación  indebidos sobre los mismos, conforme a las consideraciones de esta providencia, y adopte las medidas del caso para garantía del derecho al retorno de los desplazados ya reconocidos”.

Asociación de Campesinos de Buenos Aires - ASOCAB. Buenos Aires, Municipio de El Peñón, Bolívar. 11 de septiembre de 2017

Organizaciones acompañantes

• Pensamiento y Acción Social - PAS
• Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM
• Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana
•  Protection International - PI
• Peace Watch Switzerland – PWS
• Equipos Cristianos de Accioìn por la Paz – ECAP

Para mayor información, visita nuestra página web: www.pas.org.co

 

 

Con éxito se llevó a cabo la primera jornada móvil de acceso a la justicia realizada en el corregimiento san miguel del tigre en el municipio de Yondó Antioquia, actividad realizada en el marco del proyecto Justicia Local Para la Paz, como una estrategia  nacional que acerca los operadores de justicia a las comunidades de las zonas rurales dispersas.

El componente sistemas locales de justicia en alianza con las alcaldías y gobernaciones, permiten que los servidores públicos lleguen hasta la ruralidad y ofrezcan sus servicios a los habitantes de veredas y corregimientos.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, la comunidad rural tuvo acceso a los servicios de la Registraduría, Unidad de Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, personería municipal, Sisben, comisaría de familia, entre otros, de igual manera la administración municipal se hizo presente a través de la secretaría de gobierno, la oficina de planeación, secretaria de vivienda, oficina del adulto mayor, entre otras dependencias.

Las dificultades en las vías de comunicación, las distancias entre la ruralidad y las cabeceras municipales y el factor económico son algunas de las razones por las cuales las comunidades no tienen la facilidad de acceder a los operadores de justicia, estos ejercicios les permite llegar con los servicios hasta sus veredas y corregimientos, convirtiéndose en una oportunidad para recibir una atención adecuada.

El proyecto justicia local para la paz es una iniciativa del gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Redprodepaz y ejecutado en la región por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Los estudiantes del corregimientos también hicieron parte de la jornada, recibiendo charlas sobre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, a través del programa de salud sexual orientado por profesionales del programa de desarrollo y paz del magdalena medio.

Con éxito se llevó a cabo la primera jornada móvil de acceso a la justicia realizada en el corregimiento san miguel del tigre en el municipio de Yondó Antioquia, actividad realizada en el marco del proyecto Justicia Local Para la Paz, como una estrategia  nacional que acerca los operadores de justicia a las comunidades de las zonas rurales dispersas.

El componente sistemas locales de justicia en alianza con las alcaldías y gobernaciones, permiten que los servidores públicos lleguen hasta la ruralidad y ofrezcan sus servicios a los habitantes de veredas y corregimientos.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, la comunidad rural tuvo acceso a los servicios de la Registraduría, Unidad de Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, personería municipal, Sisben, comisaría de familia, entre otros, de igual manera la administración municipal se hizo presente a través de la secretaría de gobierno, la oficina de planeación, secretaria de vivienda, oficina del adulto mayor, entre otras dependencias.

Las dificultades en las vías de comunicación, las distancias entre la ruralidad y las cabeceras municipales y el factor económico son algunas de las razones por las cuales las comunidades no tienen la facilidad de acceder a los operadores de justicia, estos ejercicios les permite llegar con los servicios hasta sus veredas y corregimientos, convirtiéndose en una oportunidad para recibir una atención adecuada

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