SUSPENDIDO DESALOJO DE FAMILIAS CAMPESINAS EN EL GUAYABO
A través de un oficio el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, Harvey León Quintero García y el Defensor Delegado para Asuntos Agrarios y de Tierras, Jorge Eduardo Camargo Carvajal, le pidieron al Juez Promiscuo Municipal de Puerto Wilches Santander, suspender la diligencia de desalojo de las 30 familias de los corregimientos El Guayabo y Bella Unión, programada para el cinco de julio del año en curso.
En el documento los funcionarios públicos le manifiestan al Juez que: “ la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y de Tierras, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras, en ejercicio de nuestras funciones preventivas de intervención administrativa y judicial y como agentes del ministerio público garantes de la protección de los DDHH, respetuosamente solicitamos que la diligencia de desalojo que se encuentra programada por la Inspección de Policía de Puerto Wilches, que afecta a las familias campesinas que habitan el predio objeto del proceso, cuente con las medidas que para estos casos la corte constitucional ha establecido”.
Lo anterior debido a que las familias campesinas que habitan el predio objeto del proceso ordinario reivindicatorio del asunto, recurrieron al Ministerio Público para informar que las instancias pertinentes no han desarrollado ninguna medida tendiente a garantizar su derecho al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital, previo a la práctica de la diligencia de desalojo, a través de la aplicación del protocolo constitucional para los desalojos de las personas desplazadas y víctimas del conflicto armado interno que se encuentra establecido en la sentencia T 239/13.
La comunidad del Guayabo y Bella Unión marcharon la semana anterior en el casco urbano de Puerto Wilches, manifestando su preocupación por la orden de desalojo emitida por el juez municipal, y aunque lograron que el Ministerio Público se pronunciara y detuviera la acción, continúan a la espera que el proceso avance y se den resultados positivos en favor de las familias campesinas.
El día y la hora en la que estaba programado el desalojo, las familias se concentraron en una de las fincas del corregimiento, participaron de un acto litúrgico y de acción de gracias, posteriormente manifestaron sus inquietudes sobre el avance del proceso en el tema jurídico, la concentración estuvo acompañada por organizaciones internacionales como Equipos Cristianos de Acción por la Paz, Observación de Paz Internacional, Asorvimm, Diócesis de Barrancabermeja y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
La comunidad del Guayabo y Bella Unión, está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 30 años habitan los predios de Altamira y San Felipe, son campesinos trabajadores que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentaos para la región, sin embargo desde hace cinco años, han sido objeto de acciones jurídicas y otras violentas e ilegales para desplazarlos y despojarlos de sus tierras, por parte de una persona que presuntamente manifiesta ser dueña de los predios.
Las familias seguirán en los predios a la espera que se haga justicia, con la esperanza de poder permanecer en su territorio como lo han hecho en los últimos 30 años y que finalmente le puedan ser adjudicados las tierras por el derecho a la posesión.
