El PDPMM, celebra los 50 años de Vida Sacerdotal de Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo

Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo nació en Cali (Valle) el 30 de julio de 1938.

El 23 de Diciembre de 1983 el Santo Padre Juan Pablo II lo nombra Obispo de Barrancabermeja, donde ejerce desde el 23 de marzo de 1984, hasta el 28 de abril de 1993, nueve años que para el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se resumen en un compromiso con las comunidades, “Fue un hombre que rápidamente se integró a la dinámica de la región, abrió su corazón, su inteligencia y su capacidad pastoral para asumir una experiencia de 
evangelio encarnado” manifestó Ubencel Duque Rojas, Director del PDPMM.

En Barrancabermeja y la región, fueron varios los procesos sociales que comenzaron en la época de Monseñor Sarasti, algunos de ellos se relacionan con la creación de la Corporación Para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el Comité Cívico de Convivencia Ciudadana por la Paz, el Frente Común por la Vida y el Congreso Regional Diocesano de Laicos, iniciativas de participación que recibieron el respaldo incondicional de la Iglesia quien contribuyó para que estuviera presente en estos ejercicios el valor y el respeto de los Derechos Humanos.

Un hecho que se centra en Barrancabermeja  y que también entra a formar  parte de la historia de Monseñor Sarasti Jaramillo, fue el primer paro por la Vida en Colombia; en este escenario la Iglesia aportaba en cada reunión y encuentro la ruta donde los pobres deberían ser el centro de toda acción pastoral.

Ya al final de su periodo en  la Diócesis de Barrancabermeja, comienzan los primeros pasos que dan origen a lo que hoy es el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Monseñor Sarasti, propuso la metodología y señaló las ventajas y desventajas que tendría para la región la puesta en marcha del PDPMM resaltando la importancia de que la Pastoral Social liderara el proceso, “En su paso por la región Monseñor Sarasti, fue un hombre cercano a las personas, vivió a plenitud su compromiso con los Derechos Humanos, trazó una ruta en el Plan Diocesano de Pastoral con el compromiso de los laicos, de los sacerdotes y religiosas; mientras que en Colombia había una discusión y rechazo a las comunidades eclesiales de base, la diócesis de Barrancabermeja ofreció su respaldo tanto en el área urbana como rural a las comunidades, entendiendo que era la forma de construir la ruta y caminos de salvación sostenible, dejando ver su aprecio hacía los líderes políticos, sindicalistas, campesinos, obreros y pescadores, bajo la premisa de vivir la experiencia de Jesús en comunidad” señala el Director del PDPMM, Ubencel Duque Rojas.

Monseñor Sarasti, estudió en el Seminario Menor de Cali, es Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Comunidades reciben Talleres de Sensibilización para ejercicios de Rendición de Cuentas

Un trabajo conjunto entre el Consejo Territorial de  Planeación, líderes de Organizaciones Sociales y de la Oficina Asesora de Planeación de la administración municipal en Yondó (Antioquía) y el Proyecto Estratégico Territorial PET2, ha hecho posible que las comunidades se capaciten en ejercicios de rendición de cuentas como una estrategia de gobernabilidad transparente y de control social.

Según el concepto del Departamento Nacional de Planeación (DPS), la rendición de cuentas en las Entidades Territoriales, corresponde a la Obligación de los funcionarios públicos de informar y responder sobre su gestión y el derecho de la ciudadanía a ser informada y solicitar explicaciones sobre las acciones y decisiones de  la Administración.

 

En este sentido, un grupo de habitantes del municipio de Yondó se reunieron en las instalaciones de Asojuntas, allí simularon un ejercicio habitual de rendiciones de cuentas, en el que fueron representados por las mismas comunidades los roles del Alcalde, secretarios de despacho, líderes sociales, sindicalistas, madres cabeza de hogar, comunidad desplazada y jóvenes, “Me correspondió interpretar a una Secretaria de Educación, la verdad me sentí nerviosa porque todos me pedían respuestas y no sabía qué decir, este ejercicio sirve para ponerse en el lugar del otro, pero también para que como comunidad aprendamos a exigir”, aseguró Nancy Atencia, integrante del CTP en Yondó Antioquía

La rendición de cuentas, implica para las administraciones municipales: Informar los logros y retrocesos de su gestión y explicar las razones, Producir y dar a conocer información oportuna, sencilla y veraz, que los ciudadanos conozcan y participen de lo público y entre otras cosas, sancionar o premiar el incumplimiento de los compromisos establecidos.

---

Según el Proceso Estratégico Territorial PET2, conocido como Sujetos Constructores de Política Pública y Fortalecimiento Institucional, donde participan la Unión Europea, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y la Corporación Ciudadela Educativa de la comuna siete de Barrancabermeja (CORCEDIC7), en muchos municipios del Magdalena Medio las comunidades no tiene claro para qué se realizan los ejercicios de rendición de cuentas y mucho menos a qué tiene derecho y en algunos casos lo confunden con informes de gestión que no son bien sustentados por las administraciones municipales “Lo que queremos es mostrarle a las comunidades y a los líderes la forma y la metodología que debe seguirse en un ejercicio de rendición de cuentas tal y como lo plantea la norma, como un derecho y un deber constitucional” aseguró Mayerly Méndez, Coordinadora del PET2.

La rendición de cuentas según el (DPS) es importante para:

• Fortalecer la democracia
• Incentivar la buena gestión
• Mejorar la gobernabilidad y la legitimidad
• Tener medidas de desempeño para generar debate sobre los resultados
•  Identificar áreas de mejoramiento
• Crear compromiso ciudadano
• Identificar aspectos para el apoyo y la cooperación, basados en evidencia.

En los municipios de Aguchica, Gamarra, San Alberto y San Martín en el Cesar, elProceso Estratégico Territorial PET2, ha realizado ejercicios similares de capacitación orientados a líderes, comunidad y secretarios de despacho, al igual que en Sabana de Torres, con la diferencia de que se capacitó únicamente al Consejo Territorial de Planeación.

Próximamente, se tiene programado capacitar a los integrantes del CTP y al equipo de gobierno del municipio de la Gloria, con miras al ejercicio de rendición de cuentas del primer semestres de 2013.

 

15 años de Impunidad, 15 años de Indignación tras la masacre del 16 de mayo 

Aunque haya transcurrido más de una década, los familiares de los siete asesinados y veinticinco desaparecidos en la masacre del 16 de mayo de 1998 http://prensarural.org/spip/spip.php?article4023 perpetrada en la comuna siete de Barrancabermeja por los grupos paramilitares con la complicidad de las fuerzas militares, son conscientes de que aún no se ha hecho justicia y que quienes están hoy sindicados no son los verdaderos responsables de un episodio de lesa humanidad que le arrebató los sueños, las esperanzas y la vida a hombres, jóvenes y mujeres inocentes, que se convirtieron en víctimas ante la falta de garantías del Estado Colombiano.

El 29 de noviembre de 2009, a través del decreto municipal 011, la Alcaldía declaró oficialmente el 16 de mayo como el Día Municipal de Víctimas del Conflicto en Barrancabermeja, en este sentido se han realizado diversas actividades de conmemoración, bajo el lema “Las Víctimas unidas hacen Memoria por Verdad y Justicia”.

Mayo 15: 9:00 am, Conversatorio Paz, Justicia y Política Pública, que tuvo lugar en el auditorio del SENA.

Evento que contó entre otros, con la ponencia de Juan Felipe García, Docente e Investigador del departamento de Filosofía e Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, así como de Camilo Villa, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

5:00 pm, Barrio el Campín, sector de la ciudad donde ocurrió la masacre fue reinaugurada la Placa conmemorativa y por la memoria de las víctimas del 16 de mayo.

---

 

 

Mayo 16: 10:00 am, Galería de la Memoria en la plazoleta Camilo Torres 4:00 pm,  acto Cultural y Ecuménico, plazoleta Camilo Torres.

Para más información los invitamos a visitar: http://www.pdpmm.org.co/ Registro audiovisual y fotográfico.

 

La ley de víctimas y restitución de tierras tiene sus primeras “víctimas”

Esta irónica situación la denuncian 24 familias de la vereda “La fragua - San Cayetano” ubicada en el municipio de San Alberto Cesar, que a su vez limita con el departamento de Norte de Santander; los afectados manifiestan que después de 27 años de ocupar unos predios adjudicados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, están en riesgo de quedarse si casa, sin cultivos y sin empleo, debido a que a través de la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) los primeros propietarios le están exigiendo al estado que les restituya 700 hectáreas, aduciendo que fueron obligados a vender hace 21 años por presión de grupos armados ilegales.

La historia

De acuerdo al relato de la comunidad a mediados del año 1986, un grupo de familias motivadas por la falta de vivienda, decidieron ocupar pacíficamente unos terrenos que se encontraban abandonados, pasado el tiempo construyeron ahí su proyecto de vida y le fueron dando uso a la tierra, seis años más tarde exactamente el 27 de marzo de 1992 el representante legal de la Sociedad Agrícola y Ganadera LA FRAGUA LTDA,señor Gabriel Lían Lloreda, propietario del predio donde permanecían los pobladores, decide venderle al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, por lo menos así se evidencia en la copia del contrato de compra venta que conservan los líderes de la comunidad,  en dicho documento aparece el monto por el que se vendieron los terrenos,  por un valor de 308´659.000 mil pesos, de igual forma la firma de Gabriel Lían Lloreda, Luis Eduardo Ortiz Maluendas, por parte de la Notaria Única del Circuito de Piedecuesta y de la Notaria Esperanza de Arenas.

---

 

Luego de que el INCORA le compra las hectáreas de tierra a Gabriel Lían Lloreda, el 30 de noviembre de 1992, este despacho dividió las 700 hectáreas en el total de familias que a la fecha ocupaban el terreno, adjudicándole a cada núcleo cerca de 18 hectáreas establecidas como unidades agrícolas familiares, tal y como se puede constatar en la resolución 2053, donde se resuelve adjudicar definitivamente a los señores Roselino Portilla Mendoza y Noris Margarita Salcedo Salina,  mil metros cuadrados del inmueble de mayor extensión denominado la Fragua, ubicado en la vereda la Raya del municipio de Cáchira de Santander del Norte, resolución que además fue debidamente registrada en la notaria e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La Tierra

Las hectáreas adjudicadas por el antiguo “INCORA” en la actualidad son utilizadas por las familias en actividades productivas como la siembra de yuca, plátano, papaya, arroz, maíz, guanábana y guayaba, otro tanto destinado a especies menores (cerdo, chivos y gallinas) la cría de alevinos, el pasto de corte, la ganadería y la 

producción de leche y carne también son el fuerte para esta comunidad que por un lado abastece a 11 municipios y tres departamentos, como lo son Norte de Santander, Santander y Cesar, y por el otro se convierte en un generador de empleo en la región; se estima que cada familia tiene en promedio unos 10 trabajadores permanentes encargados de realizar las labores del campo que garantizan la producción y comercialización de los productos.

Quiere decir entonces, que de darse el recurso de reposición a favor de los demandantes, no solo se estaría afectando la estabilidad de las 24 familias que habitan en la vereda “La Fragua- San Cayetano” sino además, con la tranquilidad y el soporte económico de los trabajadores que prestan sus servicios en cada una de las parcelas.

Qué ha pasado

El 18 de octubre de 2011, la comunidad fue notificada a través de la Unidad de Restitución con sede en el municipio de Barrancabermeja del recurso que adelanta la familia Lían Lloreda, para que el estado les restituya las 700 hectáreas de tierra.

La comunidad ha decidido mantenerse unida y exigir su derecho a permanecer en el territorio, con la asesoría del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se adelantan acciones jurídicas para garantizar que exista transparencia durante el proceso, donde debe primar el uso de la razón.