BARRANCABERMEJA: LA VERDAD ABRE UN CAMINO PARA LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol por su participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000, representa un paso trascendental en el esclarecimiento de una de las páginas más dolorosas de la historia reciente del Magdalena Medio. La JEP reconstruyó 14 masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución, e identificó 473 víctimas individuales. La decisión establece, además, que estos hechos hicieron parte de una alianza entre integrantes de la Fuerza Pública, un funcionario de seguridad de Ecopetrol y estructuras paramilitares, cuyo propósito era expulsar de la ciudad a quienes eran considerados parte o cercanos al “enemigo Común”.

La dimensión de esta decisión va mucho más allá de las cifras y de los nombres de quienes hoy son llamados a responder ante la justicia. La investigación de la JEP muestra que la violencia también estuvo dirigida contra el tejido social de Barrancabermeja: organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y habitantes de los barrios populares fueron estigmatizados y perseguidos bajo la acusación de ser parte de la insurgencia. La Unión Sindical Obrera (USO) y CREDHOS estuvieron entre los objetivos de esta persecución. Así, la violencia no solo arrebató vidas; también buscó silenciar voces, romper organizaciones, sembrar miedo y debilitar las formas comunitarias de participación y defensa de los derechos.

Por eso, desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio reconocemos esta decisión como un avance en el camino que las víctimas y las organizaciones sociales han recorrido durante casi tres décadas en la búsqueda de verdad, justicia y dignidad. La JEP reconoce en su decisión la persistencia de las comunidades y de quienes, pese al miedo y las amenazas, se negaron a permitir que estos hechos fueran olvidados. También reconoce algo fundamental para la memoria de nuestra región: las organizaciones campesinas, sindicales, cívicas y de derechos humanos tenían sus propias luchas y reivindicaciones, anteriores y autónomas frente a los actores armados.

Defender los derechos, organizarse y trabajar por las comunidades no podía ni puede ser convertido en motivo de estigmatización.

La verdad, cuando llega después de tantos años, no devuelve a quienes fueron asesinados ni resuelve por sí sola el dolor de las familias. Pero sí puede abrir caminos para explicar lo ocurrido, dignificar a las víctimas y recuperar la memoria de una ciudad y una región que resistieron a la violencia sin renunciar a la defensa de la vida. Hoy, cuando la JEP avanza en el esclarecimiento de estos hechos, el desafío sigue siendo que la verdad contribuya a reconstruir los vínculos que la violencia intentó romper y a fortalecer una sociedad en la que ninguna comunidad, organización, familia o persona vuelva a ser perseguida por defender sus derechos, reclamar justicia o trabajar por la paz.