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La ley de víctimas y restitución de tierras tiene sus primeras “víctimas”

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La ley de víctimas y restitución de tierras tiene sus primeras “víctimas”

Esta irónica situación la denuncian 24 familias de la vereda “La fragua - San Cayetano” ubicada en el municipio de San Alberto Cesar, que a su vez limita con el departamento de Norte de Santander; los afectados manifiestan que después de 27 años de ocupar unos predios adjudicados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, están en riesgo de quedarse si casa, sin cultivos y sin empleo, debido a que a través de la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) los primeros propietarios le están exigiendo al estado que les restituya 700 hectáreas, aduciendo que fueron obligados a vender hace 21 años por presión de grupos armados ilegales.

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La historia

De acuerdo al relato de la comunidad a mediados del año 1986, un grupo de familias motivadas por la falta de vivienda, decidieron ocupar pacíficamente unos terrenos que se encontraban abandonados, pasado el tiempo construyeron ahí su proyecto de vida y le fueron dando uso a la tierra, seis años más tarde exactamente el 27 de marzo de 1992 el representante legal de la Sociedad Agrícola y Ganadera LA FRAGUA LTDA,señor Gabriel Lían Lloreda, propietario del predio donde permanecían los pobladores, decide venderle al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, por lo menos así se evidencia en la copia del contrato de compra venta que conservan los líderes de la comunidad,  en dicho documento aparece el monto por el que se vendieron los terrenos,  por un valor de 308´659.000 mil pesos, de igual forma la firma de Gabriel Lían Lloreda, Luis Eduardo Ortiz Maluendas, por parte de la Notaria Única del Circuito de Piedecuesta y de la Notaria Esperanza de Arenas.


 

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Luego de que el INCORA le compra las hectáreas de tierra a Gabriel Lían Lloreda, el 30 de noviembre de 1992, este despacho dividió las 700 hectáreas en el total de familias que a la fecha ocupaban el terreno, adjudicándole a cada núcleo cerca de 18 hectáreas establecidas como unidades agrícolas familiares, tal y como se puede constatar en la resolución 2053, donde se resuelve adjudicar definitivamente a los señores Roselino Portilla Mendoza y Noris Margarita Salcedo Salina,  mil metros cuadrados del inmueble de mayor extensión denominado la Fragua, ubicado en la vereda la Raya del municipio de Cáchira de Santander del Norte, resolución que además fue debidamente registrada en la notaria e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La Tierra

Las hectáreas adjudicadas por el antiguo “INCORA” en la actualidad son utilizadas por las familias en actividades productivas como la siembra de yuca, plátano, papaya, arroz, maíz, guanábana y guayaba, otro tanto destinado a especies menores (cerdo, chivos y gallinas) la cría de alevinos, el pasto de corte, la ganadería y la 

producción de leche y carne también son el fuerte para esta comunidad que por un lado abastece a 11 municipios y tres departamentos, como lo son Norte de Santander, Santander y Cesar, y por el otro se convierte en un generador de empleo en la región; se estima que cada familia tiene en promedio unos 10 trabajadores permanentes encargados de realizar las labores del campo que garantizan la producción y comercialización de los productos.

Quiere decir entonces, que de darse el recurso de reposición a favor de los demandantes, no solo se estaría afectando la estabilidad de las 24 familias que habitan en la vereda “La Fragua- San Cayetano” sino además, con la tranquilidad y el soporte económico de los trabajadores que prestan sus servicios en cada una de las parcelas.

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Qué ha pasado

El 18 de octubre de 2011, la comunidad fue notificada a través de la Unidad de Restitución con sede en el municipio de Barrancabermeja del recurso que adelanta la familia Lían Lloreda, para que el estado les restituya las 700 hectáreas de tierra.

La comunidad ha decidido mantenerse unida y exigir su derecho a permanecer en el territorio, con la asesoría del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se adelantan acciones jurídicas para garantizar que exista transparencia durante el proceso, donde debe primar el uso de la razón.

 

 

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