“ASOCAB” DENUNCIA PUBLICAMENTE: Continúan las Acciones Sistemáticas de Despojo y de Desplazamiento Forzado en la hacienda “Las Pavas”

ASOCIACION DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES

“ASOCAB”

“Por el derecho a una vida diga y la soberanía alimentaria”

LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES “ASOCAB”

DENUNCIA PUBLICAMENTE

Que Continúan las Acciones Sistemáticas de Despojo y de Desplazamiento

Forzado en la hacienda “Las Pavas”

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) comunica a la opinión pública que:

En la primera semana de agosto, los campesinos de ASOCAB entramos a preparar los terrenos de un sector de la Hacienda “Las Pavas”, a orilla del río Papayal, denominado “La Quinta”. Nuestro fin es aprovechar las lluvias que vienen después del período de veranillo para poder cultivar alimentos y de esta manera obtener el mínimo vital para nuestra subsistencia, en medio de la grave crisis alimentaria que atravesamos por cuenta del intenso verano y de la prolongación de nuestra situación como víctimas del desplazamiento forzado desde hace 12 años.

Al igual que en otras ocasiones, la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S., por medio de sus trabajadores de seguridad, ha venido realizando actos de hostigamiento y amenazas contra los campesinos de ASOCAB, con el fin de bloquear nuestro retorno a los predios de los que nos desplazó en el 2003 un grupo de paramilitares del Bloque Central Bolívar, en conjunto con un empleado del antiguo dueño que abandonó la hacienda “Las Pavas”, el presunto narcotraficante Jesús Emilio Escobar Fernández.

En un contexto de grave alteración del orden público, producido por las agresiones y amenazas que realizan contra los campesinos desplazados de la hacienda Las Pavas los trabajadores encargados de la seguridad de esta empresa palmera, acudimos a la Alcaldía municipal de El Peñón (Bolívar), para que se le diera cumplimiento y se acate la Resolución 073 de 2013 emanada de dicha alcaldía, que en su parte resolutiva ordena:

Artículo Segundo: Se ordena el amparo constitucional y legal – administrativo - al status quo de los señores miembros campesinos y sus familias que conforman la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, “ASOCAB”, por medio de su representante legal, señor MISAEL PAYARES GUERRERO, por lo tanto, se conmina a la empresa APORTES SAN ISIDRO SAS y sus filiales o socias, a respetar el derecho de posesión que sobre los predios de la Hacienda LAS PAVAS detentan estas familias agremiadas a través de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires “ASOCAB”, lo mismo a que cese cualquier intento de agresión física, verbal o moral, o transgresión de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política, a cometer contra cualquier miembro o sus familias, alguna conducta punitiva establecida en la Ley Penal - Ley 599 de 2000.

Pese a que esta resolución está en firme y tiene plena vigencia, el día 6 de agosto del presente año, en una reunión realizada en presencia del Alcalde de El Peñón, su Inspector de Policía, su Comandante de Policía, y su Personera municipal; el representante legal de la empresa palmera, José Ernesto Macías, afirmó que la empresa no tenía porque respetar las posesiones de los campesinos pues para la empresa la única decisión del Estado Colombiano que tiene validez es la resolución proferida en noviembre de 2011 por la fiscal Miriam Martínez (q.e.p.d) quien cerró la investigación penal de desplazamiento forzado afirmando que los campesinos de ASOCAB eran falsas víctimas y que en la zona no habían existido grupos paramilitares.

En la mencionada reunión, el abogado de la empresa palmera también afirmó que los trabajadores de seguridad tenían el derecho a repeler las “invasiones” de las falsas víctimas de ASOCAB cortando los cultivos que los campesinos sembraran para defender su derecho de propiedad.

Efectivamente, el día 8 de agosto, los trabajadores de la empresa cortaron las setenta matas de plátano sembradas la semana pasada. El día 12 de agosto hurtaron frutos de patillas del pequeño cultivo que tenía uno de nuestros socios y otras las destruyeron y

el día 14 de agosto, 11 hombres dirigidos por MARIO MARMOL MONTERO – a quien hemos denunciado repetidamente y sobre el cual no hay ningún tipo de sanción penal – en un intento de hurtar los alambres que encierra una de nuestras parcelas, lesionaron gravemente en una de sus extremidades superiores a TITO ALVEAR PÉREZ quien al sacar su celular para filmar el atropello que estaban cometiendo, le asestaron un machetazo que le lastimó gravemente su mano derecha.

Para nosotros, campesinos de ASOCAB, es de suma gravedad que una empresa supuestamente prestigiosa, constituida legalmente, como Aportes San Isidro S.A.S., actué en contra del ordenamiento jurídico en total impunidad, defendiendo su subversión abiertamente en frente de las autoridades del Estado colombiano, y desconociendo las decisiones que le son desfavorables y reconociendo la única que le es conveniente.

De manera categórica, manifestaron desconocer las siguientes decisiones:

- La Sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional que declaró ilegal el desalojo del 2009 que habían sufrido los campesinos desplazados, y que reabrió el proceso de extinción de dominio que fue cerrado a favor de la empresa.

- El Auto 235 de 2012 de la Corte Constitucional en que se rechaza la solicitud de nulidad de la sentencia T-267 de 2011 interpuesta por la empresa Aportes San Isidro S.A.S.

- La resolución del 14 de noviembre de 2012 del INCODER, mediante la cual se decretó la extinción de dominio de APORTES SAN ISIDRO S.A.S.

- La resolución del 3 de julio de 2013 de la Alcaldía de El peñón mediante la cual se protegen las posesiones de los campesinos de ASOCAB para mantener la tranquilidad y el orden público en la zona.

- La resolución del 24 de octubre de 2013 de la Unidad Nacional para las Víctimas, que inscribió como víctimas de desplazamiento forzado a los miembros de ASOCAB en el registro único de víctimas.

- La resolución del 27 de abril de 2015 de la Unidad Nacional para las Víctimas en la que se declara a ASOCAB como sujeto de reparación colectiva como asociación víctima del conflicto armado.

Igualmente, afirmó el representante legal de la empresa Aportes San Isidro S.A.S. que todas estas decisiones hacen parte de un fraude dirigido por el sacerdote jesuita Francisco De Roux S.J. quien, junto a todas las organizaciones que nos han acompañado, han construido una estrategia para atropellar la propiedad privada de la empresa.

Como campesinos víctimas del conflicto armado preguntamos ante la opinión pública

¿por qué un empresario reconocido tiene que asumir con vehemencia una posición negacionista frente al desplazamiento forzado sufrido por nosotros en 2003, al señalarnos como falsas víctimas? ¿Por qué sigue defendiendo la transparencia de quien le vendió la hacienda en el 2007 y de su empleado que nos desplazó junto a los paramilitares en el 2003? ¿Por qué es incapaz de asumir una posición de solidaridad con las víctimas del conflicto armado más allá del conflicto sobre la propiedad que existe sobre la hacienda “Las Pavas”? ¿Por qué sigue dando las órdenes de repeler nuestras siembras de alimentos con el uso arbitrario de la violencia sustituyen las competencias de la fuerza pública?

Es por la existencia de esta grave situación que responsabilizamos a la Empresa Aportes San isidro S.A.S de todos los daños que suframos en nuestras posesiones, nuestras vidas, y nuestra integridad personal.

Igualmente, anunciamos que no permitiremos la expansión del cultivo de palma pues con esta se nos bloquea arbitrariamente nuestro retorno, y puede llegar en el futuro, a extinguir la posibilidad de disfrutar de nuestra tierra, mientras se profieren las decisiones judiciales que definirán la situación jurídica del predio.

Finalmente, acudimos a las diferentes autoridades del Estado colombiano para que no permitan que un particular use la violencia de manera impune contra las víctimas del conflicto armado. Y en ese sentido, solicitamos:

- Celeridad en los procesos penales en curso sobre los múltiples delitos cometidos.

- Celeridad en los procesos judiciales que definen la situación jurídica del predio pendientes en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional de Colombia.

- Despliegue del aparato de fuerza pública necesario para hacer cumplir las decisión de la autoridad local para proteger de manera efectiva nuestras posesiones y nuestras vidas para poder acceder a la seguridad alimentaria que nos provea el mínimo vital para nuestra subsistencia.

Buenos Aires, El Peñón, Sur de Bolívar, 14 de Agosto de 2015

Para más información a través de la página web:

http://retornoalaspavas.wordpress.co