PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA

Barrancabermeja, febrero 03 de 2014. La desesperanza, el duelo, la no resignación a la pérdida y la esperanza de que el ser querido regresará algún día, son algunos de los episodios por los que atraviesan las familias de las personas que han sido desaparecidas  en todo el territorio colombiano.

Ante estos hechos que no son ajenos para la región del Magdalena Medio, se puso en marcha la construcción de una ruta de intervención psicosocial a familias víctimas del delito de desaparición forzada, se trata de un documento de más de 70 páginas que incluye un planteamiento jurídico y normatividad colombiana, referente a la atención a víctimas, además, conceptos frente a los Impactos psicosociales, Impactos individuales, impactos familiares e impactos comunitarios en los que textualmente se indica: “La desaparición forzada ocurre ante la detención de una o varias personas, realizada por agentes del estado o por personas que actúan bajo su aprobación y posteriormente niegan u ocultan el lugar en donde se encuentran, exponiéndolos a tratos crueles y privándolos de sus derechos a ser protegidos.

Estos actos tienen su origen en el conflicto armado y la violencia sociopolítica, siendo esta última provocada por el abuso de poder y la premisa de un componente político, ideológico o de discriminación hacia un sector o grupo marginado, donde los victimarios son las fuerzas armadas, la guerrilla y los paramilitares”.

El protocolo de atención psicosocial hace parte de un convenio entre el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (CORDEPAZ). La psicóloga Luz Marina Rojas, explicó que la atención psicosocial inicia desde el primer contacto que el familiar de la víctima tiene con cada una de las organizaciones y entidades encargadas de garantizar sus derechos. “Lo que pretendemos es construir entre todos unos criterios para que los funcionarios reconozcan en cada persona los derechos a los que su condición los hace merecedor, y dejar de calificarlos como los que pasan de oficina en oficina pidiendo ayudas”

Las organizaciones y entidades que trabajan con las familias de las víctimas de desaparición forzada en Barrancabermeja fueron invitadas a participar en la construcción de criterios donde se determinó que debe existir un núcleo familiar, es decir padres, hijos y primos del desaparecido. Nivel de aceptación,  (familias que no hayan superado el acontecimiento y no hayan recibido apoyo sicológico) y por último que se reconozca el actor responsable de la desaparición.

Cuando ya se tienen seleccionadas las familias que cumplen con los criterios, es importante que ellas acepten participar voluntariamente, para darle paso a la intervención que requiere determinar el grado de afectación, cierre y evaluación frente al manejo del duelo y el dolor.

Sin embargo el convenio sugiere la importancia de conformar una red de apoyo profesional  que vincule la labor de un abogado, trabajador social y enfermero, para realizar un trabajo integral desde el campo jurídico, terapéutico y medicinal.

El paso a seguir es socializar el documento con las entidades del estado que tienen en sus manos crear políticas públicas en relación a las víctimas para que articuladamente se les garantice a las familias una atención integral con personal capacitado en atender el delito de desaparición forzada.

Reacciones:

Oscar Silva, Asistente territorial CICR. “Es un respaldo para las víctimas, para las familias que han sido víctimas, hay que vincular a más entidades porque a una familia no se le puede calmar el dolor, si tiene necesidades básicas insatisfechas”

Jaime Peña, Colectivo 16 de mayo: “Hay que entender que las familias víctimas de la desaparición forzada atraviesan un dolor diferente, porque nunca se logra descifrar dónde está, quién fue, por qué sucedió y si algún día esa persona regresará, este protocolo será de mucha ayuda porque le abre la puerta a la capacitación de entidades del estado y a la garantía de derechos de las familias víctimas”.